En las últimas décadas, las activistas de base, defensoras de los derechos humanos, de las mujeres, e impulsoras de diversos movimientos en todo el mundo, como el #MeToo, #NiUnaMenos, #TimesUp y otros, han catalizado un cambio sin precedentes; han generado una movilización global que dejó de manifiesto la urgencia de la prevención y la respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas.
Las mujeres ocupan un rol clave en la defensa del medio ambiente. En muchos contextos, además de liderar la lucha por la protección del planeta y del territorio, son referentes de la conservación de culturas indígenas que encuentran fundamental la preservación de la naturaleza. Sin embargo, de acuerdo con OACNUDH, entre 2015 y 2019 unas 1.323 personas defensoras de los derechos humanos perdieron la vida por liderar esta lucha alrededor del mundo.
Mientras que América Latina suele ser una de las regiones más afectadas, también registra una cantidad superior de personas defensoras que fueron atacadas por promover el desarrollo sustentable y luchar contra iniciativas que ponen en peligro a sus comunidades, según el más reciente informe de Global Witness. El estudio también sostiene que México, Colombia y Brasil concentran los números más altos a nivel global.
En el caso de México, de acuerdo con datos de Front Line Defenders, en 2020 se registraron 19 asesinatos (cuatro mujeres, incluidas al menos tres mujeres trans). Además, en ese país, la organización registró 499 agresiones a personas defensoras del medio ambiente.
Para cambiar esta situación y garantizar sus derechos humanos, mujeres y jóvenes lideresas indígenas de 21 países y 24 pueblos indígenas de las Américas se reunieron en México para la Consulta sobre la Recomendación General 39 de la CEDAW, enfocada en los Derechos de las mujeres y niñas indígenas. La organización de la Consulta Regional estuvo a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres de México (INMUJERES), ONU Mujeres, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Comité de Expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).
La Recomendación General 39 orienta y obliga a los Estados parte a implementar medidas legislativas y políticas para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, y fue adoptada por la CEDAW el pasado 26 de octubre de 2022.
Las historias presentadas a continuación son una prueba del coraje y la determinación de dos mujeres mexicanas que trabajan sin descanso en esta ardua tarea.
Mujeres líderes en comunidades organizadas
Francisca González Gutiérrez.Credito. Carmen Martínez.ONU Mujeres
Foto: ONU Mujeres / Carmen Martínez
Francisca González Gutiérrez vive en Chicomuselo, Chiapas, México. Como integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruiz García», Parroquia San Pedro y San Pablo, se opuso al extractivismo minero en la zona. “Desde el 2009 iniciamos una defensa de la Madre Tierra y el territorio contra la empresa canadiense Blackfire, pues el desafío más grande ha sido que, como mujeres, en los tejidos, pues no nos dan el derecho a participar, porque dicen que es más de hombres dar permiso a las empresas mineras y decidir por la vida”, sostiene.
Por ahora, su comité cuenta con el apoyo de algunas instituciones religiosas y de organizaciones no gubernamentales con quienes se aliaron para enfrentar a las empresas que buscan instalarse en la zona con prácticas contaminantes. “El Estado es el primero que debe de respetar, garantizar y promover los derechos humanos”, expresa.
“Lo que buscamos es que no se llegue al individualismo, sino que sea un trabajo más colectivo, más solidario, para que podamos defender a la Madre Tierra, ya que de ahí nos alimentamos, y si no hay Tierra, no hay mexican@s”, afirma Francisca González, defensora de derechos humanos e integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruiz García» en Chiapas.
Isela González Díaz.Credito. Carmen Martínez.ONU Mujeres
Foto: Carmen Martínez / ONU Mujeres
Romper el paradigma de una justicia racista
Hace 24 años, Isela González Díaz se acercó a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, para hacer investigación antropológica. Desde entonces ha interpretado las necesidades de la región y abordado estrategias para satisfacerlas. El principal reto, explica, es garantizar el acceso a la justicia y prevenir la invasión de sus territorios. Hoy, como directora de Alianza Sierra Madre, se aboca principalmente a la defensa de los derechos ambientales y territoriales.
Además de su búsqueda por romper con el paradigma del racismo jurídico, desde 2007, la organización trabaja para combatir la violencia vinculada al narcotráfico.
Su trabajo le ha causado amenazas de muerte y campañas de desprestigio, pero asegura que: “El desafío más importante es sobrevivir al machismo estructural en una sociedad patriarcal, además, colonial y así como mantener mi vida, mi seguridad”.
Su trabajo dio resultados sobresalientes, como el reconocimiento legal de los territorios indígenas y la protección estatal de más de 30.000 hectáreas de bosque de pino Encino.
Finalmente, logró que las autoridades atendieran la problemática de la muerte de mujeres indígenas durante el embarazo, parto y puerperio. “Afortunadamente, tenemos tres años sin ninguna muerte en la comunidad donde trabajamos”, puntualiza.
Escucha la cápsula de radio de Francisca González Gutiérrez, en el marco del trabajo en conjunto de ONU Mujeres y Grupo IMER, que busca llevar a la audiencia de Instituto Mexicano de la Radio (IMER) mensajes contra la violencia de género:
